En la última década hemos asistido a multitud de reformas penales que,
en última instancia, han implicado un aumento cuantitativo (más delitos) y
cualitativo (penas más severas) de la red penal del Estado. Ello ha repercutido
en un importante aumento de la población penitenciaria (sólo recientemente
moderado) y un paralelo incremento de la población sometida a medidas penales
alternativas. Sin embargo, valorar con justicia el impacto de esta expansión
del derecho penal implica saber exactamente cómo están aplicando los jueces
penales la penas impuestas en sentencia, y sobre ello apenas tenemos datos,
debido a la ausencia de estadísticas fiables sobre dicha cuestión. En este
sentido, debe tenerse en cuenta que los datos que publica en esta materia el
INE, aunque han aumentado su fiabilidad desde que se realiza una explotación de
las anotaciones de condena firme presentes en el Registro General de Penados,
nos informan sólo de la pena impuesta en sentencia, lo cual no nos permite
saber cuál ha sido finalmente la pena impuesta por el juez tras el proceso de
ejecución de la sentencia. Hemos de tener en cuenta que el actual Código Penal
ofrece a los jueces un ámbito de discrecionalidad en diversos momentos
procesales muy relevante a la hora de decidir sobre la pena aplicable en un
caso concreto y por ello la pena finalmente ejecutada puede tener poco que ver
con la pena impuesta en sentencia (en este sentido, el caso paradigmático es la
suspensión de la pena de prisión).
El proyecto EPExDP pretende llenar esta laguna aportando conocimiento
preciso sobre la aplicación real de la pena por parte de los juzgados penales.
En particular, saber cómo utilizan nuestros jueces penales el poder
discrecional que les otorga la legislación penal a la hora de decidir la pena
finalmente ejecutada.
En esta investigación se dará respuesta a:
a)
analizar
en qué casos los jueces penales se decantan por una pena de prisión y en cuáles
aplican una pena alternativa a la prisión.
b)
saber qué
penas alternativas a la prisión son aplicadas en mayor o menor medida por
nuestros jueces, y si ello se justifica en atención a cuestiones de
proporcionalidad de la pena, rehabilitación del delicuente o reparación de la
víctima.
c)
atención
especial a todas las variables personales o judiciales que son relevantes a la
hora de decidir la imposición de una u otra pena.
-
la
condición de extranjero del condenado y si esta variable está conllevando
prácticas discriminatorias en la ejecución penal.
-
el género
del delincuente.