En la última década hemos asistido a multitud de reformas penales que, en última instancia, han implicado un aumento cuantitativo (más delitos) y cualitativo (penas más severas) de la red penal del Estado. Ello ha repercutido en un importante aumento de la población penitenciaria (sólo recientemente moderado) y un paralelo incremento de la población sometida a medidas penales alternativas. Sin embargo, valorar con justicia el impacto de esta expansión del derecho penal implica saber exactamente cómo están aplicando los jueces penales la penas impuestas en sentencia, y sobre ello apenas tenemos datos, debido a la ausencia de estadísticas fiables sobre dicha cuestión. En este sentido, debe tenerse en cuenta que los datos que publica en esta materia el INE, aunque han aumentado su fiabilidad desde que se realiza una explotación de las anotaciones de condena firme presentes en el Registro General de Penados, nos informan sólo de la pena impuesta en sentencia, lo cual no nos permite saber cuál ha sido finalmente la pena impuesta por el juez tras el proceso de ejecución de la sentencia. Hemos de tener en cuenta que el actual Código Penal ofrece a los jueces un ámbito de discrecionalidad en diversos momentos procesales muy relevante a la hora de decidir sobre la pena aplicable en un caso concreto y por ello la pena finalmente ejecutada puede tener poco que ver con la pena impuesta en sentencia (en este sentido, el caso paradigmático es la suspensión de la pena de prisión).

El proyecto EPExDP pretende llenar esta laguna aportando conocimiento preciso sobre la aplicación real de la pena por parte de los juzgados penales. En particular, saber cómo utilizan nuestros jueces penales el poder discrecional que les otorga la legislación penal a la hora de decidir la pena finalmente ejecutada.

En esta investigación se dará respuesta a:

a)   analizar en qué casos los jueces penales se decantan por una pena de prisión y en cuáles aplican una pena alternativa a la prisión.

b)   saber qué penas alternativas a la prisión son aplicadas en mayor o menor medida por nuestros jueces, y si ello se justifica en atención a cuestiones de proporcionalidad de la pena, rehabilitación del delicuente o reparación de la víctima.

c)   atención especial a todas las variables personales o judiciales que son relevantes a la hora de decidir la imposición de una u otra pena.

-       la condición de extranjero del condenado y si esta variable está conllevando prácticas discriminatorias en la ejecución penal.

-       el género del delincuente.