La dispersa y fragmentada regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha probado su insuficiencia en los últimos tiempos. La Unión Europea requiere a España respuesta sobre la Recomendación 2013. Y lo que quizás resulta más determinante, la situación actual ofrece mucha confusión y pocas respuestas homogéneas a un requerimiento social y jurídico sobre lo que podríamos llamar, “acciones colectivas” o “acciones para la tutela de intereses colectivos y de intereses difusos”. La necesidad parece ser más urgente en el campo del derecho de los consumidores, usuarios y adherentes pero también comprende los daños masivos y otras situaciones dispersas a su vez en las leyes especiales, que lo trascienden, como las relativas a la publicidad, al medicamento, a la radiodifusión, los viajes combinados o el comercio minoritario.

El objetivo general de ACOLEC es suministrar los elementos para una reflexión suficientemente informada de la compleja y confusa situación española, carente de un análisis de conjunto. Alcanzar dichos objetivos requerirá: sistematizar la compleja realidad normativa y jurisprudencial de las acciones colectivas en España; analizar las implicaciones de incorporar la Recomendación 2013, pendiente desde 26 de julio de 2016; y contrastar ambas cuestiones con las soluciones de otros países de referencia en Europa y América.

Es difícil exagerar el notable impacto que puede tener en el ámbito social, económico y jurídico una labor investigadora como la propuesta. Ponen de relieve la creciente insatisfacción del justiciable: la avalancha de litigiosidad que está generando las “clàusules suelo”, “las preferentes”, el clamor social para obtener una respuesta indemnizatoria por los daños ocasionados por las cancelaciones masivas de vuelos, las reclamaciones derivades de engaños con multitud de afectados de operaciones relacionadas con la filatelia o los daños masivos derivados de operaciones de implantes mamarios, piezas dentales o las secuelas del amianto. Impacto que se extiende al ámbito económico en un doble plano: el individual, de acceso a la justicia en condiciones económicas asumibles por cada ciudadano, que, sin litigar colectivamente, difícilmente podrán evitar que queden frustradas sus reclamaciones individuales; y el proyectado sobre la administración de justicia, como ha quedado de manifiesto, por ejemplo, por la necesidad de crear los polémicos Juzgados especiales para resolver sobre las cláusulas suelo.

La calidad, relevancia y viabilidad de la propuesta se sustenta en la probada necesidad del análisis que se propone, así como del impacto de los resultados. En la claridad del objectivo general y en el detalle de los objetivos específicos. Su fundamento se refuerza por la acreditada capacidad investigadora de los dos IP y del conjunto del EI, para los que este proyecto constituiría el sexto I+D consecutivo; por el hecho de haber trabajado en esta materia o en otras conexas, así como por los miembros del ET, seleccionados atendiendo a ser expertos reconocidos. También, en el realismo de las tareas propuestas, ampliamente pormenorizadas en el plan de trabajo, conforme al presupuesto previsto, y finalmente, se infiere, además, de los tres EPO.