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14 de febrero de 2017
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La docencia se concentra en las facultades y escuelas, y los departamentos asumen la investigación, que también llevan a cabo institutos y cátedras, a su vez divulgadores del conocimiento.
El proyecto de investigación tiene por objeto principal el análisis de los distintos tipos de costes y beneficios que han de ser valorados en el ámbito del Derecho Público para mejorar la regulación, desde la perspectiva del impacto económico, social, ambiental, jurídico, y, asimismo, antropológico, de las normas legales y reglamentarias.
Para ello se propone investigar, por una parte, cuáles son los métodos que ofrecen las ciencias jurídicas y sociales, pero también otras disciplinas, para la identificación, valoración y medición de tales costes –entre los que se incluyen los denominados “riesgos de la regulación”- y beneficios, más allá de los estrictamente económicos. La investigación se centrará, por otra parte, en los instrumentos que han de propiciar, sin improvisaciones, la reforma regulatoria en España en el marco de los programas europeos de Better y Smarter Regulation; entre otros, la evaluación ex ante y ex post del impacto regulatorio y su encaje en el procedimiento ordinario de elaboración de normas; la evaluación del impacto del Derecho comunitario en nuestro ordenamiento jurídico; las medidas de simplificación administrativa y de reducción de cargas administrativas; regímenes más eficaces y eficientes de intervención pública en la economía y en las relaciones sociales en el escenario actual de multiculturalidad y pluralismo normativo; nuevas fórmulas de determinación del contenido normativo de la regulación; y, creación de categorías jurídicas más elaboradas para mejorar la regulación. Especial atención habrá de merecer el fenómeno de la regulación de la regulación o rule-making regulation, su adecuación al sistema ordinario de fuentes del Derecho y su consideración por los Tribunales.
Los métodos e instrumentos para la mejora de la regulación habrán de ser estudiados, finalmente, desde las implicaciones que puedan tener en el reparto constitucional de competencias entre los distintos niveles de Gobierno, con lo que cabrá también valorar propuestas de reforma constitucional. También habrá de ser considerada, en particular, la eventual afectación de los derechos fundamentales y derechos procesales de los ciudadanos por tales herramientas.
En concreto, los objetivos del proyecto son: a) la identificación, valoración y medición de los tipos de costes y beneficios de la regulación, y la búsqueda de los métodos más apropiados para ello; b) el estudio de los instrumentos para la mejora de la regulación existentes en otros países más avanzados en la reforma regulatoria; c) la incorporación de instrumentos variados de mejora regulatoria a nuestro sistema jurídico-constitucional; d) el estudio del fenómeno de la regulación y su aplicación en España.
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